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Los activistas de la revuelta de Gezi se enfrentan a casi 3.000 años de cárcel

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Los imputados denuncian falta de pruebas en un sumario en el que la Fiscalía acusa al magnate George Soros de financiar las mayores protestas que ha afrontado Erdogan

Hace seis años, en los estertores de la primavera de 2013, el Ejecutivo de Recep Tayyip Erdogan se enfrentó a la mayor contestación social vivida durante sus 17 años en el poder: lo que había comenzado como una pequeña manifestación contra la reforma del parque estambulí de Gezi terminó convertido en un movimiento contra el autoritarismo del entonces primer ministro y hoy presidente que se extendió por todo el país y en el que participaron más de 3,5 millones de turcos. Hoy, unos cuantos destacados activistas que participaron en las protestas y algunos que poco tienen que ver con aquella revuelta se sientan en el banquillo acusados de intentar derrocar al Gobierno. Son 16 imputados -dos de ellos, el actor Mehmet Ali Alabora y el periodista Can Dündar, juzgados en rebeldía pues se han exiliado en el extranjero- y la Fiscalía pide para ellos entre 606 y 2.970 años de cárcel.

Varios de los acusados, empezando por la arquitecta y activista Mücella Yapici, ya habían sido detenidos durante las protestas y finalmente absueltos en 2015. Sin embargo, la Fiscalía ha retomado el caso y emitido un nuevo sumario de acusación basándose en las intervenciones telefónicas ordenadas entonces por el fiscal Muammer Akkas, quien fue destituido del cargo por su pertenencia a la cofradía de Fetulá Gülen, a la que se acusa de utilizar métodos ilegales para tomar el control del Estado. Su trabajo se ha usado para imputar a los acusados de graves delitos como “intento de derrocar al Gobierno de la República”, “vandalismo” o “posesión de armas”, entre otros. El propio Erdogan se presenta como demandante.

La prensa gubernamental pinta a los acusados como “los agentes de [George] Soros”, en referencia al multimillonario húngaro a cuya fundación, Open Society, se responsabiliza de “financiar Gezi”. Uno de los principales encausados en el juicio es Osman Kavala, empresario y filántropo, miembro de la dirección de Open Society en Turquía y presidente de una compañía, Anadolu Kültür, dedicada a la promoción de las artes. Kavala fue detenido en octubre de 2017 y desde entonces ha sido mantenido en prisión pese a que no se le permitió conocer las acusaciones que pesan contra él hasta hace unos meses. En su declaración ante el tribunal, Kavala aseguró que todos los fondos de Open Society recibidos por Anadolu Kültür fueron utilizados en proyectos culturales y exposiciones y que “ninguno se empleó en Gezi”, aportando para demostrarlo las auditorías hechas por el propio Estado turco. “Los sucesos de Gezi fueron la reacción de gente que pensaba que no se le permitía dar su opinión sobre cuestiones que afectaban a su vida cotidiana y que no se sentía representada”, dijo Kavala, dejando claro que las protestas “no estaban ligadas a ningún centro y carecían de líderes”. También añadió que su participación se limitó a acudir a las manifestaciones a título individual y a prestar algunas “mesas y sillas de plástico” a quienes acampaban en el parque. La arquitecta Yapici, en su alegato, confirmó lo dicho por Kavala y explicó que hubo cientos de ciudadanos anónimos que contribuyeron con mucho más -agua y alimentos, por ejemplo- a las acampadas de protesta.

Todos los imputados coincidieron en señalar la debilidad de las acusaciones y la falta de indicios. La Fiscalía, entre otras cuestiones, aporta como pruebas acciones promovidas por los activistas como “repartir flores a la policía” o “quedarse parado en medio de la calle”. “El fiscal no ha presentado absolutamente ninguna evidencia creíble de ninguna actividad criminal en las cientos de llamadas telefónicas interceptadas, informes financieros y registros de viajes”, denuncia la ONG Human Rights Watch en un comunicado.

La dureza de las penas exigidas contra los activistas de Gezi contrasta con la levedad hacia los agentes de policía acusados de haber provocado la muerte de varios manifestantes. La dura represión de las protestas -muy criticada por las organizaciones de defensa de los derechos humanos- provocó, según la plataforma Taksim Dayanisma, la muerte de siete jóvenes y la hospitalización de otras 8.000 personas. Catorce manifestantes perdieron la visión de un ojo debido a las balas de goma y los botes de gas lanzadas por los agentes antidisturbios. Pese a que se iniciaron procesos judiciales contra los policías responsables, ninguno está en prisión. Uno de los agentes, acusado de apalear a un joven hasta la muerte, está ya en libertad condicional pese a no haber cumplido siquiera la mitad de la pena de más de 10 años de cárcel que se le impuso.

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