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Afloran las argucias contables de la Generalitat a pesar del miedo de los testigos

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Una protesta en Terrasa –

Varios declarantes no han contado todo lo que saben: quieren vivir y trabajar en Cataluña

Facturas cobradas, impagadas; facturas anuladas y vueltas a emitir, facturas proforma… Las argucias contables de la Generalitat para ocultar el presunto desvío de fondos públicos a los preparativos del referéndum ilegal no tienen fin, como tampoco lo han tenido a lo largo de esta semana los esfuerzos sobrehumanos de muchos testigos por intentar construir relatos coherentes con explicaciones absurdas. El nerviosismo, las vacilaciones y la memoria selectiva han sido la tónica de una semana en la que los interrogatorios de las acusaciones en el juicio del «procés» han estado encaminados a probar la malversación de fondos por parte de la Generalitat.

Además de un mar de anécdotas, el transcurso de las últimas sesiones ha dejado una cruda realidad: la de los autónomos que han dejado de contar ante el tribunal todo lo que saben porque quieren seguir trabajando y viviendo en Cataluña. También la de quienes por defender al Govern y su proyecto independentista -o la continuidad de sus trabajos con la Administración autonómica- han estado a punto de traspasar la línea del falso testimonio.

El acuerdo de la Generalitat del 7 de septiembre de 2017, un día después de la aprobación, por parte del Parlament, de las leyes de la ruptura, dio luz verde a los distintos departamentos para que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum. Comenzaba la cuenta atrás para preparar la consulta: la confección, impresión, aprovisionamiento y reparto del material, elaboración del censo electoral y webs informativa, campañas institucionales, cesión de locales… Todo eso no se podía llevar a cabo sin burlar los controles establecidos por Hacienda y sin contar con asociaciones y entidades que se pusieran al servicio de un fin ilegal.

La pantalla de Òmnium

Fue el caso de Òmnium Cultural, presidida por el procesado Jordi Cuixart, que jugó un papel esencial en la logística de la consulta, por cuanto sirvió de pantalla al Govern para encargar a tres empresas carteles y dípticos por valor de 38.431 euros. También el de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales de Cataluña, organismo financiado con 371 millones que aceptó la difusión de uno de los anuncios más emblemáticos del referéndum, el de las vías del tren, por 277.803 euros. O el de Diplocat,el consorcio participado mayoritariamente por la Generalitat, que no escatimó gastos en dar las máximas comodidades a un grupo de expertos que se alojó en Barcelona desde el 29 de septiembre hasta el 2 de octubre para el seguimiento de la consulta.

Unipost, Artyplan, Global Solutions, Marc Marti o Focus son algunas de las empresas que se han visto salpicadas por el desvío de fondos públicos, lo que ha motivado que sus responsables hayan tenido que desfilar durante los últimos días por el Supremo para explicar, con mayor o menor fortuna, las circunstancias que rodearon la contratación con la Generalitat.

El hecho de no querer implicar al Govern -cada uno por sus razones- ha llevado a muchos testigos a dar explicaciones tan poco convincentes que han provocado la intervención del presidente, Manuel Marchena, para recordar al testigo que está bajo juramento, o la petición de deducción de testimonio por parte de la Fiscalía, como sucedió el miércoles con Jaume Mestre, exresponsable de Difusión de Presidencia, tras contestar con continuas evasivas. En otros casos, la incoherencia del relato ha provocado risas en la sala o la reacción espontánea del fiscal Jaime Moreno cuando escuchó decir al director de la agencia NothingAD Comunicación, Ferran Burriel, que no cobró 80.440 euros por una campaña sobre el registro de catalanes en el exterior. «¿Y los da por perdidos? Porque a mí me da algo si pierdo 80.000 euros». (Tampoco vio un duro el director del Puint Avui, que publicó «gratis» el anuncio de las vías del tren, ni la responsable de Focus Media, Olga Solanas, que, al igual que Muriel, se quedó con la factura de la campaña del voto extranjero en la mano).

El contrato con Unipost

Especialmente significativos han sido los testimonios de los exdirectivos de Unipost Francisco Juan Fuentes y Antonio Manuel Santos Falcon. El primero aseguró que a mediados de septiembre de 2017 retuvo «un envío de seis o siete palés» de sobres porque con el material no había llegado ningún albarán para poder facturar el encargo. Sabía que el remitente era la Generalitat porque en los sobres se veía «claramente» el logo.

Por su parte, Santos Falcon reconoció la autoría de un mail en que comunicaba a otros trabajadores que dieran prioridad al envío de certificados de la Generalitat y aparcaran el resto de trabajos, lo que demuestra la urgencia del reparto. Y también la cantidad que estaba en juego: 979.661 euros que, según sostiene la Fiscalía, se dividirían entre cinco consejerías para no levantar sospechas (Presidencia, Vicepresidencia, Trabajo, Sanidad y Educación). Las cinco facturas fueron emitidas y se presentaron para el cobro, pero en cuestión de segundos se volvieron a grabar en la misma contabilidad con el añadido proforma.

La urgencia en el encargo ha quedado acreditada también con el testimonio del directivo de la imprenta Artyplan Enri Mary, quien destapó la mentira del testigo que le precedió, el diseñador gráfico Enri Vidal, y sostuvo dos cuestiones decisivas: la primera, que fue el propio Vidal el que le dijo que repartiría el trabajo (redimensionar e imprimir el cartel de las vías del tren) entre tres empresas para minimizar riesgos (ante la posible incautación de la Guardia Civil); y la segunda, que había que girar las facturas a la Generalitat. Los más de 40.000 euros se repartieron entre Artyplan Global Solutions y Marc Marti. Sólo en Atyplan la Guardia Civil interceptó 400.000 dípticos y 30.000 carteles valorados en 17.000 euros. Como en los demás casos, el encargo estaba hecho y el gasto comprometido por parte de la Generalitat.

Responsabilidad penal

La Fiscalía cifra el desvío de fondos públicos para la logística del referéndum ilegal del 1 de octubre e 2017 en dos millones de euros, aunque basta con que en el juicio del «procés» se pruebe que lo ha habido de al menos 250.000 euros. De acreditar el resto ya se ocupará el Tribunal de Cuentas. Y es que esos 250.000 euros es el límite que separa el tipo básico del agravado en el delito de malversación.

En este juicio solo se dirime la responsabilidad penal de la presunta malversación (castigada con cárcel), y no la responsabilidad contable que se enjuiciará en el Tribunal de Cuentas, como sucedió con la consulta del 9-N de 2014. Es allí donde se librará la batalla para que cada euro sustraido regrese a las arcas públicas.

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